De igual forma hacemos un llamado a las instituciones para que agilicen la aplicación del debido proceso en las investigaciones que se adelantan para determinar responsabilidades en los actos que han vulnerado los derechos humanos, en especial la vida e integridad de las personas, las afectaciones a bienes públicos y privados.
En tales condiciones, la Asamblea Departamental de Nariño, insta a todos los actores que confluyen en las jornadas de manifestación para llevar a cabo una Mesa de Diálogo tendiente a la Construcción de Acuerdos para el fortalecimiento de la defensa de los derechos humanos, toda vez que considera de suma relevancia establecer los protocolos de atención y en especial defensa de la vida e integridad, la Corporación pretende ser garante del diálogo en los que participen líderes, lideresas y la institucionalidad, pues consideramos que la concertación es el camino para encontrar alternativas de solución efectiva frente a las diferencias, de tal forma que se garantice el respeto a la dignidad humana y se defina de manera clara la política de negociación con el objeto de definir de manera precisa el objeto hacia el cual avanza el paro.
En tal sentido, manifestamos nuestro apoyo y acompañamiento continuo a los diferentes escenarios y mesas de concertación en las regiones que adelanta el Señor Gobernador Doctor JHON ROJAS CABRERA, donde sobresale el diálogo directo con las comunidades, donde se han gestado avances significativos como los corredores de paz y vida que permiten el abastecimiento y la estabilización de la economía regional.
Finalmente, es importante resaltar la labor de las y los defensores de derechos humanos que en el marco del momento histórico que vive el Departamento de Nariño, se trata de personas que, a título individual o colectivo, trabajan para hacer realidad las garantías recogidas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en las diversas normas que la desarrollan. Ese compromiso se ha demostrado a través de visibilización de situaciones de injusticia social, defensa de aplicación debido proceso y legítima defensa, y por lo tanto es imperativo garantizar su protección y el ejercicio que desempeñan en estos escenarios.